Miércoles, 05 de Septiembre de 2007 23:15
(Agencias).- La repatriación de los inmigrantes indocumentados "debe hacerse respetando los derechos humanos", según José Chamizo Izquierda Unida, Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo Andaluz han sido algunas de las instituciones que han criticado el uso de camisas de fuerza y cascos para inmovilizar a los inmigrantes irregulares que se resistan durante su repatriación en aviones. La utilización de esos elementos figura en el protocolo del repatriación que ha elaborado el Ministerio del Interior para fijar las medidas que deben adoptar los policías en esos casos. El documento, todavía en fase de borrador, ha sido redactado para prevenir casos como el de Osamuyia Aikpitanhi, el nigeriano que murió en junio cuando era repatriado, maniatado y amordazado, durante un vuelo comercial. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de estar dispuesto a incurrir en un tratoinhumano y degradante para deportar a los inmigrantes, y criticó quesubordine los derechos a la política de expulsiones. Amnistía Internacional criticó que el borrador de Interior no incluya las recomendaciones del comisario europeo responsable de Derechos Humanos y del Consejo de Europa. La responsable del departamento de campañas de investigación de la organización no gubernamental, Eva Suárez, declaró a Europa Press:
Creemos que hace falta incluir en el protocolo la prohibición absoluta de las cintas adhesivas y el uso de cascos y camisas de fuerza, que pueden provocar asfixia postural.El defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, insistió en que la repatriación de los inmigrantes indocumentadosdebe hacerse respetando los derechos humanos, por lo queno se puede abusar de medidas como el uso de camisas de fuerza.
El PP se ha avanzado a la postura contradictoria del Gobierno y del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al registrar en el Congreso un proyecto de reforma de la ley de extranjería. La actual, modificada en 2003, debería haber sido modificada en 2006 para adaptarla a directivas comunitarias, si bien entonces el Gobierno desistió de hacerlo para evitar que el PP lo aprovechara para agitarlo electoralmente en un momento de fuerte crecimiento de la población extranjera.
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