Lunes, 26 de Mayo de 2008 00:00
El contrato de integración que pretende implantar el Partido Popular en la Comunidad Valenciana continua siendo objeto de polémica. Lo que el popular Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración en la comunidad, promocionó durante las pasadas elecciones como un contrato exclusivo para inmigrantes, ha evolucionado en un cursillo voluntario para favorecer la integración del extranjero en la sociedad valenciana. Aun así y pese a las modificaciones que han suavizado la propuesta inicial, esta continua recibiendo críticas por parte de diversas asociaciones para la defensa de los emigrantes.
La no asistencia al cursillo no va a tener n ningún tipo de efecto negativo a la hora de que el inmigrante pueda percibir cualquier tipo de prestación. Por ello, muchas agrupaciones de extranjeros han mostrado su apoyo y la oposición en la comunidad valenciana ha calificado la propuesta de una mera maniobra política del consejero para conseguir notoriedad.
No obstante, en el sector crítico , la Mesa d'Entitats de Solidaridat amb les Emigrants, el Foro Alternativo y la Red Sahel para la Inmigración han tachado de cinica la actitud de la Consejería por ofrecer consenso y al mismo descalificar todas las iniciativas surgidas en contra de su política. Tal ha sido el caso de la concentración que estas asociaciones organizaron recientemente en contra del contrato de integración.
Otras asociaciones, como la Asociación de Ecuatorianos y Latinoamericanos Eloy Alfaro de Elx y la Asociación Rumiñahui de Elx, también han denunciado la inclusión sin su consentimiento en un listado de apoyo al polémico contrato, la financiación con fondos públicos de autobuses y bocadillos para los que deseasen asistir a la reunión en la que el consejero les trasladó sus propuestas y el intento del PP de separar a la población entre inmigrantes y españoles.
El PP se ha avanzado a la postura contradictoria del Gobierno y del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al registrar en el Congreso un proyecto de reforma de la ley de extranjería. La actual, modificada en 2003, debería haber sido modificada en 2006 para adaptarla a directivas comunitarias, si bien entonces el Gobierno desistió de hacerlo para evitar que el PP lo aprovechara para agitarlo electoralmente en un momento de fuerte crecimiento de la población extranjera.
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